La actual revolución urbana en México

Rafael Huacuz Elías.-

En México, como en el resto del mundo, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha generado una serie de trasformaciones urbanas en el espacio público. Para evitar la propagación el virus, las áreas de uso común quedaron prohibidas y se cancelaron cualquier tipo de eventos masivos; las instituciones académicas cerraron sus puertas y la docencia virtual se hizo presente en todos los niveles educativos lo cual, seguramente dejará una profunda huella en las actuales generaciones.

En este sentido, las luchas feministas por la equidad de género están transformando las relaciones sociales contemporáneas de nuestras ciudades, así como a las propias instituciones nacionales. Pero existe una revolución más silenciosa y menos visible, no por ello menos importante, que afecta, para bien o para mal, nuestra vida cotidiana, me refiero a la “revolución urbana”, la cual tiene como referente una megatendencia global de población rural a urbana.

Para muestra, basta con solo señalar que en la mitad del siglo XX, en los años cincuenta, la población mexicana estaba representada en su mayoría por población rural con 57.6 por ciento mientras que la población urbana sólo representaba un 42.6 por ciento. Actualmente la población nacional (se calcula que ha llegado a las 129 millones de habitantes para este año 2020) se encuentra representada por un 80 por ciento urbana y solamente un 20 por ciento de población que vive en el ámbito rural, siguiendo un patrón global en donde la tendencia es la concentración de población en grandes zonas metropolitanas.

Pero, ¿a qué cambios me refiero con la revolución urbana y qué implicaciones tiene un nuestra vida cotidiana?

A partir de la década de los años noventa se modifica el artículo 27 Constitucional y se abrió la puerta para convertir la propiedad ejidal en propiedad privada; además, se reforma el artículo 115 que le otorga a los municipios la facultad de regular su territorio, estas dos reformas impactaron negativamente las ciudades en el país ya que crecieron desproporcionadamente. Como testigo de este proceso, el estado mexicano incrementó significativamente el subsidio a la construcción masiva de vivienda concediendo recursos del erario público a empresas constructoras particulares. Los resultados negativos más evidentes de estas reformas por la ineficiente política urbana fueron:

· Urbanización de suelo pecuario o rural alejado de centros urbanos.

· Ciudades extendidas y de baja densidad.

· Vacíos urbanos y prácticas especulativas con el suelo.

· Altos costos en la provisión de servicios públicos.

· Baja calidad y poco mantenimiento en infraestructura.

· Deficiente movilidad urbana.

· Ciudades poco competitivas y ambientalmente insustentables.

Para contrarrestar estos efectos, en el año 2013, se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) bajo la visión de lograr una nueva reforma urbana, que intenta revirar las tendencias negativas antes señaladas. Para el 2016 se modifica la antigua “Ley General de Asentamiento Humanos” por la actual “Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU); sin embargo, y pese a lo anterior, actualmente varios estados de la República aún mantienen leyes contrarias a lo que se establece en la nueva reforma urbana. Aún hoy, existe una tendencia expansiva de las ciudades en donde se incorpora suelo de bajo costo para ser urbanizado a modo del mercado inmobiliario, y no de las necesidades reales de la población.

Michoacán es uno de estos estados que se niega en homologar su actual “Código de Desarrollo Urbano” con la legislación federal, que dicho sea de paso, las reformas al código en el año 2015, eliminaron la capacidad del gobierno estatal, para regular la especulación de suelo (anteriormente se emitía una congruencia de uso de suelo en los Programas de Desarrollo Urbano Municipales) y, por el contrario de lo esperado, otorgaron mayores libertades a los municipios para modificar los usos de suelo urbanizable a favor de la inversión privada.

Aunque la revolución urbana está en marcha, el modelo de vivienda masiva tal como fue establecida en el pasado ha fracasado, prueba de ello son los cinco millones de viviendas abandonadas que existen en el país; existe desde la administración federal un reconocimiento manifiesto a los errores del pasado y un impulso para homologar las legislaciones pendientes con la LGAHOTDU; desde la academia continuamente se muestran las debilidades de las políticas urbanas actuales con propuestas como la de fortalecer el marco legal en materia urbana y subsanar la actual debilidad jurídica que frena la ley.

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